Juez de Garantías Y Sistema Penal

Juez de Garantías Y Sistema Penal:

(Re)planteamientos socio-criminológicos críticos para la (re)significación del los roles del poder judicial en Brasil

En el marco de la administración de la justicia penal, el debate sobre la mejor manera de enjuiciar un hecho criminal para concretar (y llegar a) la justa composición de los conflictos a él subyacentes en el ámbito del proceso está abierto a reflexiones. Con sus entrañas anticuadas, el proceso judicial fue pensado como un vehículo para la confrontación entre los litigantes. En particular, en el caso del proceso penal, este se construyó bajo la necesidad de satisfacer el poder punitivo que el Estado escondía. Hoy en día, en cambio, se reclama una nueva elaboración y, más que eso, una nueva mentalidad sobre el concepto del proceso que atienda y contemple todas las manifestaciones e intereses de los actores que en él intervienen, especialmente para la protección de todo lo que a él se somete o a partir de él se repercute. El ideal de un “justo proceso” penal, pensado bajo la perspectiva de quienes en él tienen algún papel relevante, es una realidad que afecta a la forma misma de hacer justicia real y, efectivamente, retributiva, máxime porque revela en los roles de los sujetos procesales sus perfiles y compromisos socio-políticos.

La figura del “juez de garantías”, a la luz de estas consideraciones, adquiere una dimensión que transciende a la estricta funcionalidad del proceso, ya que debe desarrollar su actividad bajo parámetros que impliquen resultados eficientes para la protección de (todos) los derechos humanos de todas las personas sin distinciones. Es decir, debe tener un buen uso de la lógica, del sentido común, del principio de presunción de inocencia y un ineludible respeto a la verdad. Saber que lo mejor para la sociedad no es procesar mucho o a muchos, sino procesar bien.

Por tales consideraciones, no puede resultar extraño dejar de discutir o mismo convenir en aceptar que el “juez de garantías” mantiene bajo sus manos el control privilegiado y potencial de la propia política criminal.